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El ciberespacio, definido como el conjunto interdependiente de infraestructuras de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), ha revolucionado la comunicación y ofrece enormes beneficios, pero también vulnerabilidades y riesgos potenciales. El operador jurídico debe definir los campos de actuación electrónica para proteger los derechos fundamentales y regular los acuerdos de voluntades, delitos y seguridad nacional en el ciberespacio. La soberanía del ciberespacio es un tema complejo, ya que no existe un "territorio, población y gobierno" digital delimitado para los Estados, y se requiere una autorregulación que se encuentre libre de una soberanía estatal. Sin embargo, se puede determinar que el ciberespacio no puede ser soberano en sí mismo, y que cada Estado debe regular su ámbito virtual con base en criterios de territorialidad y nacionalidad. La garantía de los derechos en el ciberespacio es fundamental, y se debe abordar la problemática de las diferencias de contenido, desarrollo tecnológico e intereses de cada Estado y sus actores no estatales para tener una regulación pública y de cooperación internacional equilibrada.