COVID-19 And Social Inequalities.pdf

La pandemia del COVID-19 ha revelado las desigualdades estructurales en nuestras sociedades, incluyendo en Bolivia, donde se ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestras economías y los precarios sistemas de protección social, especialmente en materia de salud y educación. Es fundamental reconocer los impactos diferenciados de la crisis sanitaria en personas en situación de mayor vulnerabilidad social y económica, como personas en situación de pobreza, mujeres, niños y niñas, personas de la tercera edad, migrantes y refugiados, personas que viven con VIH, en situación de calle y cárcel, personas de las diversidades sexuales, personas con discapacidades, mineros, campesinos y campesinas, de pueblos indígenas y afrodescendientes.

La respuesta del Gobierno boliviano a la crisis se ha centrado en medidas sanitarias acompañadas de otras de carácter punitivo, pero es necesario prever los efectos a largo plazo. Se predice que nuestra sociedad boliviana, como otras en el mundo, entrará en una crisis humanitaria después de la emergencia sanitaria y se percibe que desde los gobiernos nacionales no se asumen respuestas del tamaño del desafío que representa hacerle frente al COVID-19.

La pandemia afecta principalmente a las mujeres, ya que el aislamiento social puede derivar en el aumento de los casos de violencias por motivos de género contra las mujeres y niñas. En Bolivia, la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar fue el delito más denunciado en 2019 y ya se han producido tres feminicidios en el contexto de la cuarentena. El hacinamiento en los hogares puede incrementar la violencia sexual contra mujeres, niños y niñas.

Las mujeres bolivianas dedican un promedio de siete horas al trabajo de cuidado de personas con diversas necesidades, lo que recae en ellas en períodos de crisis. El cierre de escuelas y la cuarentena repercuten en una mayor recarga de trabajo para ellas, ya que siguen siendo consideradas labores exclusivas de las mujeres. Las precarias condiciones materiales de la mayoría de la población del país que trabaja en el sector informal de la economía las ubica en una situación particular de vulnerabilidad.

La cuarentena ha dado lugar a que muchas mujeres dedicadas al trabajo asalariado del hogar estén en riesgo de ser despedidas y sin la certeza de recibir sus salarios. Es urgente que el Ministerio de Trabajo realice un seguimiento para proteger a mujeres trabajadoras que han sido despedidas, sus salarios reducidos o cuyos derechos laborales han sido vulnerados.

Reconocemos el comprometido trabajo del personal de salud, que está enfrentando la batalla contra el virus en primera línea, y en cumplimiento de sus deberes corre mayor riesgo de contagio. Cerca del 70% del personal de salud son mujeres.

La crisis que vivimos nos recuerda la necesidad de fortalecer el rol del Estado como garante de derechos, el cual debe proponer planes, programas y políticas públicas intersectoriales para actuar con la voluntad política y sentido de urgencia que la emergencia requiere y con amplia participación de la sociedad civil. Se requiere de una planificación estratégica que incluya medidas inmediatas para mitigar los impactos negativos que las medidas de prevención han producido en la vida cotidiana.