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La objeción de conciencia en servicios públicos de salud en Chile es un tema complejo que se refiere a la posibilidad de que médicos y otros profesionales de la salud se nieguen a realizar la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo vital para la mujer, inviabilidad del feto y violación sexual. La ley Nº 21.030, que regula la despenalización del aborto en estas causales, permite la objeción de conciencia individual y institucional, lo que ha generado controversia y dificultades para las mujeres que buscan acceder a este servicio. El Ministerio de Salud ha emitido protocolos y reglamentos para regular la objeción de conciencia, pero estos han sido cuestionados por su amplitud y falta de claridad. En septiembre de 2019, se conocieron cifras actualizadas sobre funcionarios públicos objetores de conciencia, que muestran variaciones en las cifras a nivel nacional y regional. La Corporación Humanas analiza esta información para identificar las características de la objeción de conciencia individual en establecimientos de la red pública y las barreras que derivan para las mujeres que requieren acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.