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El proyecto progresista para una nueva Constitución Política de la República de Chile se basa en la idea de que la Constitución es la codificación del Derecho Político, regulando la organización y funcionamiento de los poderes del Estado y las instituciones de gobierno. Se destaca la importancia de la democracia y la participación ciudadana, incluyendo mecanismos como la destitución popular o revocatoria, que permite a los ciudadanos solicitar la expiración del mandato de un gobernante. El proyecto también busca reconocer y proteger los derechos de las poblaciones indígenas y las minorías sexuales, y promover la igualdad de género y la no discriminación. El Estado tiene el deber de garantizar la protección a la población, el desarrollo integral de las personas y la participación organizada del pueblo en la resolución de los problemas nacionales. Se busca una distribución equitativa del poder político y se establece que ninguna persona ni grupo de personas podrá ejercer cargo político de manera vitalicia. El proyecto se enfoca en la creación de una sociedad fundada en la libertad, la igualdad, la dignidad, la paridad y la justicia social, con respeto por el medio ambiente.