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La Constitución Española establece la igualdad como derecho fundamental entre todos los españoles en el artículo 14, donde se establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El Estado Español es aconfesional, según el artículo 16 de la Constitución Española.

La reforma constitucional viene recogida en el Título X de la Constitución Española y limita su iniciativa en tiempos de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio.

El Capítulo II del Título I de la Constitución Española tiene dos secciones.

La autonomía de las Universidades se reconoce en el artículo 27.10 de la Constitución Española.

Los Estatutos de Autonomía deberán contener la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

El Presidente autonómico le corresponde la suprema representación de la respectiva Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en aquella, y es políticamente responsable ante la Asamblea autonómica.

El artículo 149.3 de la Constitución Española establece que el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

La organización territorial del Estado se recoge en el Título VIII de la Constitución Española.

Corresponde a los municipios, provincias e islas la potestad de ejecución forzosa y sancionadora, las potestades tributaria y financiera, y la potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se llamaba en sus orígenes Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

La seguridad en el trabajo se recoge en el artículo 40.2 de la Constitución Española.

Las responsabilidades y sanciones en lo relativo a la prevención de riesgos laborales vienen contempladas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales, y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera comprende la Administración central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Administraciones de Seguridad Social.

La norma vigente que se refiere a la regulación del ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el artículo 157.3 de la Constitución Española es la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

El Fondo de Suficiencia Global garantiza la cobertura del nivel mínimo de los servicios fundamentales en todo el territorio, se estableció un periodo transitorio para su implementación, y tiene un reconocimiento constitucional.

El ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno comprende la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, y las entidades que integran la Administración institucional, pero no la casa de su Majestad el Rey ni los partidos políticos.

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las empresas de seguridad privada, y las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad están obligadas a designar a un delegado de protección de datos, pero no los partidos políticos.

Los menores pueden otorgar consentimiento para el tratamiento de sus datos personales cuando sean mayores de 14 años y siempre y cuando la ley no exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

Los sábados, domingos y los declarados festivos tienen la consideración de inhábiles según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

Las Asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales pueden actuar como representantes en el procedimiento administrativo común, y en todo caso serán titulares de intereses legítimos colectivos.