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La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Querétaro establece las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización de quienes sufren daños como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa. La Ley se aplica a los entes públicos del Estado de Querétaro, incluyendo los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, organismos públicos autónomos, dependencias, entidades de la Administración Pública, entre otros. Se exceptúan de la obligación de indemnizar los casos fortuitos y de fuerza mayor, los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, y aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar. La indemnización deberá ser real, evaluable en dinero, directamente relacionada con una o varias personas y desigual a las que pudieran afectar al común de la población. Los entes públicos deberán proponer en su presupuesto de egresos una partida para cubrir las posibles indemnizaciones. La Ley establece los criterios para calcular el monto de la indemnización, incluyendo daños personales, daño moral y muerte.