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Entre 2018 y mayo de 2022, la Iglesia Católica en Nicaragua enfrentó una creciente hostilidad por parte del gobierno de Ortega-Murillo, caracterizada por agresiones, abusos y arbitrarías. La Iglesia había apoyado a los manifestantes pacíficos en abril de 2018, lo que generó una respuesta negativa del gobierno. Según un estudio, se documentaron 190 casos de agresiones, incluyendo profanaciones, sacrilegios y ataques, con un pico en 2019 con un 48,25% de los casos registrados. La tendencia sugiere que el número real de agresiones puede ser mayor debido a la falta de denuncias y publicidad. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) presentó un informe en 2020 sobre las profanaciones a la Iglesia Católica perpetradas por el régimen Ortega-Murillo durante 2019 y 2020. La Iglesia Católica ha sido fundamental en la crisis de vulneración de derechos humanos en Nicaragua, y como consecuencia, el régimen Ortega-Murillo ha iniciado una persecución indiscriminada en contra de obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosas y grupos laicales.