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Se han publicado varias normativas y sentencias destacables en el ámbito del derecho de la empresa en abril de 2018. Entre ellas se incluyen:

El Real Decreto-ley 2/2018, que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y incorpora directivas europeas.
La Resolución de la AEPD que lanza un listado de cumplimiento normativo para facilitar la adaptación al RGPD y un sistema de notificación electrónica para comunicar la designación de Delegados de Protección de Datos.
La Resolución del Banco de España que publica determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
La Orden ETU/360/2018, que establece los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2018 para determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica.
El Real Decreto-ley 3/2018, que modifica la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.
La Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que aprueba los recargos en favor del Consorcio de Compensación de Seguros en materia de seguro de riesgos extraordinarios.

En cuanto a jurisprudencia destacable, se han dictado varias sentencias por la Audiencia Provincial de Barcelona, entre ellas:

Una sentencia que declara que concurre la causa de disolución por pérdidas cualificadas en una sociedad cuando se generó la deuda social reclamada.
Una sentencia que entiende que no procede la justificación de la responsabilidad de los liquidadores en un caso concreto.
Una sentencia que estima la acción del artículo 367 LSC al apreciar la existencia de deudas y pérdidas sociales cualificadas, y que considera que la acción dirigida frente al administrador en cuanto a la prescripción se rige por el artículo 944 Ccom.
Una sentencia que ejercita la acción de responsabilidad civil por deudas sociales y la acción civil individual de responsabilidad contra el administrador único, y que entiende que la obligación de pago no debe fijarse en la fecha de los contratos de prestación de servicios, ni tampoco en la fecha en la que se dicta la sentencia que declara el incumplimiento contractual.