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El Decreto Legislativo 560 de 2020 establece nuevas medidas de insolvencia y recuperación empresarial, que incluyen la negociación de acuerdos de reorganización y el procedimiento de recuperación empresarial en las Cámaras de Comercio de manera expedita. El Juez del Concurso no realizará auditoría sobre la documentación presentada, y la responsabilidad de dichos documentos es exclusiva del deudor y su contador o revisor fiscal.

Se permiten pagos anticipados a acreedores laborales no vinculados y a proveedores no vinculados con pequeñas acreencias, sin requerir autorización previa del Juez del Concurso. El deudor puede vender activos fijos no afectos a la operación o giro ordinario del negocio para realizar estos pagos.

El decreto también establece mecanismos de reactivación empresarial, como la flexibilidad en los plazos de pago de las obligaciones, pagos a los acreedores de distintas clases de forma simultánea o sucesiva, y mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial.

Se permite la capitalización de pasivos a través de la suscripción de acciones o participación societaria, bonos de riesgo y demás mecanismos de subordinación de deudas. Los acreedores pueden vender estas acciones o bonos de riesgo en condiciones de mercado.

El decreto también establece la descarga de pasivos, que puede incluir la cancelación de los derechos de accionistas o socios, y la señalización de la nueva estructura del capital social del deudor. Se requiere la aprobación de una mayoría de acreedores externos, al menos el 60% de aquellos con vocación de pago.

Finalmente, se establecen estímulos a la financiación del deudor, como la obtención de crédito para desarrollar el giro ordinario de sus negocios durante la negociación, y la preferencia en el pago de nuevas obligaciones sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial.