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El régimen de cobranza aplicable a los avales otorgados en virtud de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 25/2020 en caso de concurso del deudor avalado se rige por el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020 y el artículo 1 del Real Decreto-ley 25/2020, que establecen las condiciones para la concesión de avales del Estado para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. En caso de concurso del deudor avalado, se aplican las reglas generales de representación y defensa en juicio establecidas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Los créditos derivados de la ejecución de estos avales podrán quedar afectados por los acuerdos extrajudiciales de pagos y se considerarán pasivo financiero a efectos de la homologación de los acuerdos de refinanciación. Los créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de los avales ostentarán el rango de crédito ordinario en caso de declaración de concurso del deudor avalado. Se destacan las siguientes particularidades sustantivas: la titularidad de los créditos corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, los créditos son de derecho público y están integrados en la Hacienda Pública Estatal, y los acuerdos por los que se hicieron efectivos incorporan una cláusula pari passu. También se destacan las particularidades procedimentales, como la comunicación del crédito a la administración concursal por las entidades financieras, la descripción de la totalidad de la operación y la personación en nombre del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por la Abogacía del Estado. En caso de convenio, los créditos son de derecho público y se derivan del ejercicio de potestades administrativas, lo que determina su consideración como créditos ordinarios.